En el marco de la 78ª sesión del Comité Especial de Descolonización de la ONU, celebrada en Nueva York, España, en representación de la Unión Europea, ha emitido una enérgica solicitud dirigida a Argelia. En esta solicitud, Lahced Haddad, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta entre Marruecos y la Unión Europea, indica que se exige que Argelia lleve a cabo un censo, identificación y registro de los saharauis y «sahelíes» que actualmente se encuentran alojados en Tinduf.
Si bien Argelia considera a estas personas como «refugiados», no les otorga los beneficios y garantías establecidos por la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como el Protocolo de 1967 sobre los Refugiados, a pesar de haber suscrito ambos acuerdos, agrega Haddad en su cuenta «X».
La Convención de Ginebra establece, añade la misma fuente, claramente las normas fundamentales en lo que respecta a los derechos de los refugiados. En primer lugar, demanda la identificación, conteo, registro y entrega de una tarjeta de refugiado, todo ello en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Además, otorga a los refugiados la libertad de circular por el territorio argelino y establecerse en el lugar que consideren adecuado, siguiendo un precedente que Argelia aplica con refugiados sirios. Además, se espera que se les brinde la oportunidad de emplearse y ganarse la vida en su día a día, junto con la libertad de buscar refugio en otro país si así lo desean. Estos procedimientos son esenciales para que las personas sean debidamente reconocidas como refugiados de acuerdo con las normativas internacionales.
Sin embargo, las prácticas que Argelia lleva a cabo en Tinduf generan serias inquietudes. Haddad subraya que estas personas son «almacenadas» en campamentos vigilados, donde se les restringe su libertad, lo que en esencia los convierte en «secuestrados». Argelia no procede al censo, registro ni entrega de tarjetas de refugiado, incumpliendo así los requisitos establecidos tanto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como por el ACNUR.
Esta omisión parece estar relacionada con el temor a que se cuestione la asistencia alimentaria proporcionada por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el cual distribuye 135,000 raciones alimentarias diarias, a pesar de que diversas estimaciones sitúan el número de personas en esta situación entre 60,000 y 90,000.
Adicionalmente, Argelia ha delegado la gestión de los asuntos de estos refugiados al Frente Polisario, lo cual contraviene el derecho internacional, dado que el Frente Polisario carece de tribunales internacionalmente reconocidos y de un sistema judicial que garantice los derechos de estas personas. Según el derecho internacional, añade la misma fuente, la responsabilidad del bienestar de los refugiados recae en el país anfitrión, en este caso, Argelia, y no en un «movimiento separatista» que opera en su territorio.
Cabe destacar que esta cuestión ya fue objeto de debate durante el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos en Argelia en 2018 en Ginebra, pero hasta la fecha, Argelia no ha respondido a las interrogantes y observaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra en relación con este tema.
14-10-2023
