En francia, la Asamblea Nacional aprobó una disposición ayer miércoles que generó controversia en relación a la ley de justicia de Dupond-Moretti (Ministro de justicia). Esta disposición permite la activación de teléfonos móviles de forma remota para escuchar y filmar a personas específicas bajo investigación.
Después de que los senadores dieran su aprobación, los diputados también respaldaron la disposición del proyecto de ley de justicia de Eric Dupond-Moretti con 80 votos a favor y 24 en contra. Esta disposición permite la posibilidad de activar teléfonos móviles de forma remota para grabar y filmar a personas en su domicilio sin su conocimiento en ciertas investigaciones. Los diputados del campo presidencial, LR y RN votaron a favor, mientras que los de Nupes (Nueva Unión Popular Ecológica y Social) votaron en contra, al igual que Bertrand Pancher, presidente del grupo Liot.
El artículo contempla la activación remota de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos conectados en dos casos diferentes. El primer caso permite la geolocalización para seguir en tiempo real los movimientos de personas bajo investigación por delitos o faltas punibles con al menos cinco años de prisión. El segundo caso permite la captura remota de sonido e imagen de las personas objetivo, en casos de terrorismo, delincuencia organizada y criminalidad.
Una enmienda propuesta por la diputada del campo presidencial Naïma Moutchou (Horizons) especifica que la grabación debe realizarse «cuando la naturaleza y la gravedad de los hechos lo justifiquen» y «durante una duración estrictamente proporcional» al objetivo. Eric Dupond-Moretti enfatizó que esta ley solo se aplicaría a «unos pocos casos al año». El ministro de Justicia argumentó que esto podría salvar vidas y que no se está cerca del totalitarismo descrito en la novela «1984» de George Orwell.
La izquierda se opone a estas disposiciones por considerarlas una «intrusión en la vida privada», y LFI (La France insoumise) habla de una «deriva autoritaria», recordando las críticas de abogados y ONG.
Diputados de varios grupos de oposición intentaron sin éxito eliminar la posibilidad de que un juez, bajo ciertas condiciones, imponga arresto domiciliario con vigilancia electrónica a una persona liberada de prisión preventiva debido a un error de procedimiento, una disposición que consideran restrictiva de las libertades.
06-07-2023
