Ayer martes 16 de mayo de 2023 se cumplieron 20 años de los “actos terroristas del 16 de mayo” que sacudieron la ciudad de Casablanca, y que marcaron un hito en la historia contemporánea de Marruecos.
El aniversario de esta operación terrorista se produce en medio de crecientes desafíos a los que se enfrentan las autoridades de seguridad por las complejidades que impone el contexto regional e internacional, y por “la escalada de las crisis políticas y militares, especialmente en la región del Sahel y el Magreb”.
A pesar de los “logros” que Marruecos ha alcanzado al adoptar una “política proactiva” para enfrentar las “células terroristas durmientes” y su trabajo para secar las fuentes de la ideología extremista, no puede estar seguro de que el peligro ya no exista.
Desde 2003, las autoridades de seguridad marroquíes han logrado desmantelar unas 250 células terroristas y detener a más de 4.304 personas, según datos oficiales emitidos hasta el 2021.
Desde entonces, el Reino ha adoptado un enfoque de seguridad basado en la proactividad y la vigilancia, desmantelando las células terroristas antes de que lleguen a la etapa de implementación y frustrando todos los planes terroristas destinados a dañar la seguridad de los ciudadanos y extranjeros en suelo marroquí. Marruecos también ha trabajado para reestructurar el campo religioso, revisando y controlando los contenidos del discurso religioso dentro de las mezquitas y capacitando a eruditos, imanes y guías.
Entre los puntos “brillantes” que se pueden registrar en el campo de la “lucha contra el terrorismo” está la adopción por parte de Marruecos de un “enfoque intelectual” y su política de revisiones y reconciliaciones con miembros de varias organizaciones extremistas, o sus conocidos líderes.
Programa de rehabilitación de extremistas
La ley Antiterrorista permitió a las autoridades de seguridad dar seguimiento a los acusados de casos de terrorismo, y a quienes se incorporaron o intentaron incorporarse a zonas de tensión y enfrentamientos en Siria, Irak y Libia.
Marruecos reforzó su arsenal legal con la Ley 03.03 relativa a la lucha contra el terrorismo, además de introducir modificaciones en el Código Penal, que se referían a la imposición de varias penas que persiguen a quienes financian o enaltecen el terrorismo con prisión de dos a seis años.
Además, las autoridades lanzaron iniciativas de “reconciliación” dentro de las cárceles para combatir el extremismo.
El programa de reconciliación, organizado por la La Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción (DGAPR) y otras instituciones oficiales desde 2017, está dirigido a aquellos que deseen revisar sus pensamientos entre los condenados por casos de extremismo religioso.
Hace dos años, la DGAPR desveló que más de 35.000 presos se habían beneficiado de una formación contra el discurso extremista, y que un grupo de beneficiarios de esta formación había comenzado a promover entre el resto un discurso religioso «basado en la moderación» y la «tolerancia».
Además de la DGAPR, el programa cuenta con la participación de otras partes, incluido el Consejo Nacional de Derechos Humanos y la Rabita Mohammadia de los Ulemas.
Como resultado, las autoridades ocasionalmente han anunciado indultos para presos que han revisado sus ideas.
BCIJ, oficina fundamental
Por otra parte, para hacer frente a la amenaza del terrorismo, en el marco institucional en el tratamiento del fenómeno terrorista, el Reino estableció en 2015, la Oficina Central de Investigación Judicial (BCIJ) como la agencia encargada de limitar la expansión de las redes extremistas.
El establecimiento del BCIJ fue un paso práctico para «rodear» a Daesh y a las organizaciones terroristas, así como a las organizaciones del crimen organizado con sus diferentes actividades, algunas de las cuales tienen extensiones terroristas, lo que hizo superar las dificultades de coordinación, haciendo que la información esté disponible de manera ágil, con integración y acción conjunta.
Por: Soufiane Ben Lazaar
17-05-2023
