19-11-2021
En Argelia, algunos alimentos básicos ahora se venden al doble o incluso al triple de su precio habitual. Así, el precio del kilo de patatas, que alcanzaba los 130 dinares (0,82 euros) frente a los 60 acostumbrado, se ha convertido en el principal indicador para denunciar el aumento del coste de la vida en Argelia, escribe el diario francés «Le Monde».
En un intento por regular esta «crisis de la patata», como la han denominado algunos, el gobierno lanzó operaciones de venta directa al consumidor, a un precio fijo de 50 dinares el kilo, y planteó la posibilidad de un remedio excepcional a las importaciones.
Las autoridades denuncian habitualmente las acciones de los especuladores del sector agroalimentario, apuntando indiscriminadamente a intermediarios, agricultores y mayoristas, acusados de almacenar alimentos para hacer subir los precios. Un proyecto de ley actualmente en discusión busca incluso criminalizar la especulación, con penas de hasta treinta años de prisión «si el delito involucra materias primas como cereales, leche, aceite, azúcar y legumbres».
Una situación crítica
En cualquier caso, la subida de precios empieza a pesar en las bolsas de valores de los hogares. En el país, la inflación alcanzó el 5,66% en junio, lo que supone un aumento de 3,4 puntos en un año, dijo ante los diputados Aymene Benabderrahmane, ministro de Hacienda y jefe del gobierno. Los precios de consumo volvieron a subir debido al aumento de los precios internacionales de las materias primas, pero también a la depreciación del dinar.
“Entramos en una crisis económica en 2018, con el congelamiento de grandes proyectos de infraestructura pública que daban trabajo a pequeñas y grandes empresas”, recuerda el economista Smail Lalmas. La epidemia de Covid-19 hizo el resto. Hoy, el país está experimentando enormes pérdidas de puestos de trabajo. Todos los sectores se han visto afectados. Todo ello fue acompañado por la subida de precios y el levantamiento de las subvenciones públicas a determinados productos, en particular los combustibles, que afectaron al poder adquisitivo».
Los sindicatos y las asociaciones de consumidores han pedido al gobierno que aumente los salarios. En la función pública, los salarios están congelados desde 2010, mientras que los precios de los alimentos y la energía han seguido subiendo, denunció en septiembre Mustapha Zebdi, presidente de la Asociación Argelina para la Protección y Orientación del Consumidor y su Medio Ambiente (Apoce).
Desde hace varios meses, el malestar social ha sido real y varios sectores, entre ellos la educación y la salud, han amenazado con ir a la huelga. Los docentes, principalmente los de ciclo primario, medio y secundario, ya venían rezalizando huelgas de dos días a la semana desde principios de noviembre. “Este movimiento fue seguido por más del 78% de los docentes a nivel nacional, con picos del 90% de huelguistas en la secundaria”, subraya Messaoud Boudiba, portavoz del Consejo Nacional Autónomo de Docentes de Educación Secundaria y Técnica (Cnapest), en declaraciones al mismo medio francés.
El sindicato mantiene la presión para expresar sus demandas de salarios, pensiones y acceso a la vivienda. A un profesor se le paga una media de 40.000 dinares (250 euros) «mientras que el salario mínimo no debe ser inferior a 80.000 dinares para una familia de cinco», prosigue Messaoud Boudiba.
Abolición de subvenciones
Como parte de la nueva ley de finanzas de 2022, el gobierno planea reducir la carga fiscal sobre los hogares con una reducción en el impuesto sobre la renta general y un aumento en el índice de cálculo de sueldos en la administración pública, que tiene 2,1 millones de empleados.
«Son medidas insuficientes, que no influirán en la situación actual», dijo el economista Smaïl Lalmas. Esperábamos un programa de economía de guerra, por la sencilla razón de que habría que crear millones de puestos de trabajo, pero esta ley de finanzas no activa ninguno de los cuatro motores de crecimiento: gasto público, consumo de los hogares mediante la protección del poder adquisitivo, exportación e inversión».
Otra cuestión espinosa planteada por el proyecto de ley es la supresión del sistema de subvenciones generalizadas – el Estado financia los productos alimenticios básicos y las energías -, estimadas en 17.000 millones de dólares al año (unos 15.000 millones de euros) por el Ministerio de Hacienda. Las autoridades quieren reformar esta política de transferencias sociales haciendo que beneficien exclusivamente a los «hogares de renta baja y media».
Pero la tarea se anuncia difícil. Desde el momento en que se tiene una economía aplastada por la informalidad, ¿cómo poner en marcha un dispositivo de ayuda focalizada?, pregunta Smail Lalmas. Lo que es urgente es absorber lo informal, convencerlo de entrar en el circuito formal. Pero para ello falta un factor: la confianza.
